Caso Bahía Competitiva (2011) De los 1.500 millones de euros destinados por la Junta a potenciar la débil economía gaditana tras el cierre de Delphi en 2005, 21 acabaron en paraísos fiscales. Más de 40 personas están implicadas, entre ellas varios altos cargos de la Junta y de la Diputación de Cádiz, todos del PSOE.
Caso Madeja (2013) Una de las ramificaciones del Caso Mercasevilla. La juez Alaya investiga el trato de favor otorgado durante una década a Fitonovo y otras empresas en la concesión de contratos en el Ayuntamiento hispalense. A cambio la empresa habría otorgado diversas dádivas a concejales y cargos políticos del PP, el PSOE e IU, e incluso habría contribuido a la financiación ilegal del PSOE a través del pago de su nueva sede en La Macarena. El principal contrato bajo sospecha es el actual de mantenimiento de arbolado y zonas verdes, el mayor de la historia de la ciudad, dotado con 48 millones de euros.
Caso Mercasevilla (2010) Uno de los principales nidos de corrupción de Andalucía y origen de la macrocausa de los ERE y sus derivadas. La juez Alaya ha abierto cinco causas. La única resuelta es la primera, en la que fueron condenados el director y el subdirector, Fernando Mellet y Daniel Ponce, y el entonces delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, por pedir en 2009 comisiones a una empresa a cambio de gestionar una escuela de hostelería y de recibir subvenciones autonómicas. Además, la juez investiga la venta "amañada" de suelos a Sando, muy por debajo de su valor real; la posible prevaricación de Mellet al adjudicar la guardería de la lonja a una empresa; el expolio de la empresa con gastos injustificados y privados por parte de la dirección; la concesión de contratos por importe de 1,3 millones al conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, y sus empresas; y el expediente de despido colectivo de 2007, en el que se incluyó a un cargo del PSOE de Jaén que nunca trabajó en la empresa, lo que supuso el inicio de la investigación de los ERE falsos.
Operación Enredadera (2014) Tercera fase del Caso Madeja, del que constituye una extensión en la que los hilos de la trama corrupta de Fitonovo alcanzan otras instituciones y empresas asociadas en toda España. En la redada efectuada el 11 de noviembre de 2014, la juez Alaya ordenó el arresto de 32 personas en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Entre ellos, funcionarios de las diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén, las Consejerías de Fomento de Andalucía y Extremadura y el Ministerio de Fomento, un portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y el teniente de alcalde y concejal de Deportes del municipio cordobés de La Carolina.
Caso Marismas del Guadalquivir (2012) En octubre de 2004, la Junta de Andalucía concedió una subvención de 66 millones —el 60%, procedentes de la UE— a la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir para unas obras de mejora en los regadíos que hoy aún no han concluido. En junio de 2012, los comuneros denunciaron una trama en la que Befesa, la adjudicataria junto a ALPI, habría pagado a cargos de la Junta para conseguir el contrato. En las investigaciones se encuentran implicados funcionarios y altos cargos de la Junta, las empresas concesionarias y la comunidad de regantes, entre ellos José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería, parlamentario autonómico y entonces director general de Regadíos y responsable del control de la obra.
Caso Malaya (2005) Icono de la corrupción urbanística en las costas de Andalucía y España. Una de las escuchas de la Operación Ballena Blanca dio pie, en 2006, al estallido de este macroproceso, que extendía sus tentáculos desde Marbella extendía por toda Andalucía, Murcia, Madrid y hasta Pamplona. El desmantelamiento de la trama encabezada por Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo en el consistorio marbellí, dejó 86 procesados por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias... En total, se blanquearon más de 2.400 millones de euros blanqueados procedentes de la corrupción. Seis personas fueron condenadas, entre ellas el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y sus exparejas, Maite Zaldívar e Isabel Pantoja.
Facturas falsas (2005-2010) El gobierno del Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) en el Ayuntamiento de Sevilla, entre 1999 y 2011, dejó varios casos de facturas falsas abonadas con dinero público. En 2005, la oposición destapó que empresas relacionadas con el partido cobraron trabajos no realizados en el distrito Macarena. A finales de 2010, la Justicia comenzó a investigar hechos calcados en el distrito Este. A ello hay que sumar las facturas duplicadas que la asociación de vecinos Unidad, vinculada al PSOE, "colocó" al Ayuntamiento y a la Diputación de Sevilla para justificar subvenciones públicas.
Caso Tomares (2013) La Justicia investiga una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación a raíz de la contratación, en el Ayuntamiento de Tomares, de un asesor —el hoy delegado de Medio Ambiente, Juan Campos— que cobró 2.000 euros al mes durante dos años por unos informes sobre obras municipales que resultaron ser falsos, pues contenían una sola frase. La juez Reyes Flores asegura en su instrucción que Campos cobró 52.454 euros, aunque el contrato que firmó con el alcalde, José Luis Sanz ascendería sólo a 24.526, menos de la mitad. En esta causa están imputados el propio Campos; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP); el vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada Guerra 21. Tanto Sanz como Carmona son hombres fuertes del Partido Popular en la provincia de Sevilla. El propio Sanz fue presidente provincial y candidato a liderar el partido en Andalucía. Dada su condición de senador, además de alcalde, la causa se encuentra en el Tribunal Supremo.
Caso Bormujos (2005/2014) En el año 2005, la Justicia investigó si Ana Hermoso, entonces única edil del PP y hoy alcaldesa de Bormujos, había aceptado sobornos a cambio de apoyar al independiente Baldomero Gaviño en su exitosa moción de censura contra el regidor Juan Antonio Iglesias, del PSOE. El caso se archivó por falta de pruebas pero en 2013 el empresario Eusebio Gaviño, primo de Baldomero, presentó una grabación que confirmó que Hermoso recibió en 2005 un bolso de Loewe de manos de Jesús Calvo Soria, testaferro del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. A Hermoso y los Gaviño los asesoraron el propio Soria, Tomás Martín Morales —ex consejero de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte (Madrid) y también implicado en la Gürtel— y Máximo González Jurado, presidente del Colegio de Enfermería de España y, según Gaviño, interesado en la construcción de varios proyectos urbanísticos en Bormujos.
Caso Astilleros de Huelva (2014) La juez Mercedes Alaya, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, abrió una causa separada del caso de los ERE para investigar la ayuda de 5 millones de euros concedida por la Consejería de Empleo a los Astilleros de Huelva en 2011, así como otras del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia IDEA. La Guardia Civil considera que el solapamiento en el tiempo de estas ayudas con otras recibidas de la Dirección General de Empleo —epicentro de los ERE falsos— "podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión". La causa se acumuló finalmente a la de los expedientes de empleo irregulares.
Caso Arcos (2009) 1.064 fueron las viviendas que José Manuel Martín Alba permitió construir en suelo rústico mientras fue alcalde de Alcaucín por el PSOE, entre 1991 y 2007. Según la investigación, el regidor, que dimitió a los pocos días de ser detenido, habría cobrado unos 500.000 euros en comisiones de promotores. Según una denuncia del Grupo de Estudios Naturales de la Axarquía, las hijas de Alba recibieron sendas viviendas de una promoción de 45 casas de cuatro alturas construidas en un proyecto que sólo permitía cuatro chalés de dos plantas.
Caso Camas (2005) En septiembre de 2005 fueron arrestados dos concejales del PP y el PA en el municipio de Camas por intentar comprar el voto de otra edil para que el empresario Eusebio Gaviño —también implicado en estos hechos y otros similares en la vecina localidad de Bormujos— pudiera emprender varios proyectos urbanísticos. Ambos ediles, el empresario y el alcalde, Agustín Pavón, fueron condenados en 2012 a un año y dos meses de prisión.
Caso Ballena Blanca (2005) Operación policial en la que se destapó la mayor red de blanqueo de capitales de España. Desde su despacho, el abogado Fernando del Valle tejió una red de empresas en paraísos fiscales con la que ayudaba a sus clientes, generalmente extranjeros, a blanquear dinero procedentes de distintos delitos como el tráfico de drogas y armas o la prostitución. Las escuchas de este caso dieron pie al Malaya, ya que Del Valle invertía el dinero de sus empresas opacas en operaciones urbanísticas en la Costa del Sol.<br />
Caso Astapa (2008) El caso se inauguró con la detención de 25 personas, entre ellas el entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE). Los hechos apuntan al supuesto cobro de comisiones a empresas de la construcción para permitirles urbanizar. El Ayuntamiento costasoleño habría firmado hasta 40 convenios mediantes este modus operandi. También se investigan concesiones de contratos públicos entre 2003 y 2008. La investigación ha identificado tres cajas municipales diferentes: la A, fiscalizada; la B, destinada a las arcas del Consistorio; y la C, con destino privado. La falta de recursos judiciales dilata sine die una causa que ya acumula 58 tomos de sumario, 163 cajas de documentos y 107 imputados.
Caso Majestic (2012) La operación policial efectuada desde 2010 devino en la detención del exalcalde de Casares, Juan Sánchez (IU), acusado de presuntos delitos prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. En 2004, Sánchez presuntamente ceptó sobornos a cambio de autorizar la recalificación de suelos en una urbanización de lujo con la que la mafia rusa pretendía lavar dinero negro.
Caso Aguadulce (2007) Isabel Ortiz, exalcaldesa de Aguadulce por el PSOE, apeló al «sentimentalismo» para explicar por qué en 2006 concedió a un compañero de partido una licencia para construir unas naves con las que ampliar una granja de pavos. La decisión fue paralizada y denunciada por su sucesor, Joaquín Benítez (IU), y el juez consideró que la otorgó &quot;de modo flagrante y arbitrario&quot;. Ortiz fue condenada a ocho años de inhabilitación en 2011. Susana Díaz, entonces secretaría de organización del PSOE-A, la defendió alegando que &quot;no es un caso de corrupción&quot;, por lo que defendió el recurso judicial. Sin embargo, en 2013 la condena se convirtió en firme y Ortiz dimitió de su cargo.
Caso Ayamonte (2009) Una investigación del Seprona, que registró en 2011 el Ayuntamiento de Ayamonte, hizo que la Fiscalía encontrara indicios de delito urbanístico en la recalificación de unos suelos en el núcleo costero de Isla Canela. En 2004, el alcalde Rafael González (PSOE) cambió la calificación de más de 142.000 hectáreas de zonas verdes junto a la playa para permitir la construcción de viviendas con vistas al mar. Todo ello, presuntamente, a espaldas de la Junta de Andalucía —que corrigió al Consistorio en 2009, tras advertir la presunta irregularidad— y valiéndose de un instrumento, el estudio de detalle, cuya idoneidad han cuestionado tanto la Guardia Civil como el juez del caso. A pesar de ello, en septiembre de 2013 el caso fue archivado y González y su compañero de partido y sucesor en el cargo de regidor, Antonio Rodríguez, resultaron absueltos.
Fundación Lebrija Solidaria El caso del fraude en las subvenciones para cursos de formación concedidas por la Junta ha acabado tocando de lleno a algunos altos cargos del PSOE. Es el caso de José Sánchez Muñoz, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía. En 1994, Muñoz participó en la creación de la Fundación Lebrija Solidaria, que estuvo presidida por María José Fernández, prima suya y actual alcaldesa de Lebrija, hasta 1998, cuando Muñoz se convirtió en parlamentario autonómico. Entre 2008 y 2011, la fundación ha recibido más de 300.000 euros en subvenciones. Tras años negando su vinculación con el partido, la alcaldesa lebrijana reconoció en 2012 que la fundación &quot;es del PSOE&quot;.
Caso Asesores (2007) Uno de los nombres propios de la política andaluza, Pedro Pacheco, dio con sus huesos en la cárcel hace apenas medio año, cuando los agentes lo detuvieron después de que fuera condenado a cinco años y medio de prisión en 2013. El que fue 24 alcalde de Jerez contrató entre 2005 y 2007, durante el pacto con el PSOE, a dos militantes de su partido, el PSA, en dos empresas municipales sin incluirlos en la lista de asesores aprobada por el Pleno. Ambos recibieron más de 200.000 euros de las arcas públicas. Posteriormente, Pacheco denunció a la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez por contratar asesores a dedo, pero finalmente fue absuelta.
Caso PTA (2010) El tercero de los casos por los que la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), se ha sentado en el banquillo —en este caso, junto a otros dos concejales de su partido— fue el de las ayudas a la empresa TINSA. El PSA de Pacheco denunció que Sánchez otorgó a la sociedad la máxima rebaja —de 240.000 euros, en torno al 40%— en el precio de unos terrenos que adquirirían en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA), sin ni siquiera ser una empresa del sector. Todo ello tras una primera valoración negativa y una segunda, positiva, efectuada por un técnico no cualificado. Sánchez fue condenada a cuatro años y medio de prisión.
Caso Plan E (2011) La que fue alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011, Pilar Sánchez (PSOE), fue condenada en octubre de 2014 a dos años de cárcel y nueve de inhabilitación por desviar subvenciones estatales. En 2010, el Estado transfirió al Ayuntamiento jerezano dos partidas de 5,2 y 2,4 millones de euros destinadas, respectivamente, a proyectos subvencionados en el Plan E y a la construcción de la Ciudad del Flamenco. Sin embargo, el Consistorio usó el dinero para pagar las nóminas de su plantilla y a algunos proveedores, por lo que generó un agujero de casi 8 millones en las arcas municipales.
Trama Gürtel en Jerez (2015) En las últimas semanas, la actual alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha cobrado protagonismo por su relación con la trama corrupta Gürtel. En 2004, durante su anterior mandato, la regidora adjudicó a empresas de la red corrupta —Special Events y Down Town Consulting— contratos por 356.000 euros para instalar unos estands en Fitur. Los contratos fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad y una vez que los trabajos habían sido finalizados.
Caso Troya (2007) El intento de extorsión de Martín Serón, exalcalde de Alhaurín el Grande por el PP, y de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, al constructor José Burgos Leiva, al que pidieron 122.000 por construir 14 viviendas, les salió por la culata. El promotor denunció los hechos, por los que ambos cargos públicos fueron condenados en 2012 a 200.000 euros de multa y un año de suspensión cada uno. El sumario del caso señala que Serón recibió 56.000 euros de origen desconocido, y su mujer otros 33.832. El juez rechazó la tesis de la Fiscalía, que sospechaba que el regidor cobraba por sistema una &quot;tasa de soborno&quot; a promotores inmobiliarios.
Subvenciones a Aulacen 5 (2010) Mucho antes de que comenzara a instruirse la causa por el fraude de las subvenciones para cursos de formación saltó a la luz pública el caso de Aulacen 5, empresa propiedad de Antonia Montilla, mujer de Rafael Velasco. El que fue secretario de Organización del PSOE-A con Griñán como presidente de la Junta y líder del partido en Andalucía dimitió como parlamentario tras conocerse que en pocos años la empresa de su esposa, que perdía dinero, recibió más de 700.000 euros en subvenciones para cursos de formación para el empleo sin cumplir un solo requisito para ello.
Ayudas a la hija de Viera (2012/2014) Una de las tramas principales de la macrocausa de los ERE fraudulentos se concentra en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. El exconsejero de Empleo de la Junta y antiguo secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera Chacón, fue quien más propició que las ayudas recayeran en empresas de esta zona —el 61% de las que concedió—. En especial fue beneficiada la sociedad Matadero Sierra Morena, a la que Viera otorgó 32 millones de euros, según la Guardia Civil. Los dueños del Matadero, Enrique Rosendo y José María Sayago, fueron concejales del PSOE en El Pedroso, una localidad de dicha comarca, y emplearon a la hija de Viera, Sonia, en otra de sus empresas.
Subvenciones a la Federación de Mujeres Progresistas (2012) Cuatro millones de euros fueron los que, entre 2009 y 2001, recibió de la Junta de Andalucía y el Estado la Federación de Mujeres Progresistas, notoriamente vinculada con el PSOE. El colectivo acumulaba deudas de 330.000 euros con Hacienda y la Seguridad Social, lo que en teoría debería haber impedido que recibiera subvenciones públicas. La presidenta de la fundación era la socialista Alicia Vañó, que apoyó a Rubalcaba en su candidatura a secretario general del PSOE en 2012 y está casada con el exalcalde de Carmona, Enrique Rivas.
Nepotismo en el SAS (2010) El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Luis Gutiérrez, colocó a su cuñada como jefa de asesoría jurídica del servicio en la provincia de Sevilla sin que ésta cumpliera los requisitos para el cargo. Ni tenía tres años de experiencia ni gozó de nombramiento reglamentario.
Caso Poniente (2009) La mayor supuesta trama corrupta en la provincia de Almería, articulada en torno al exinterventor del Ayuntamiento de El Ejido, José Alemán, y con la implicación del exalcalde de El Ejido y fundador del Partido de Almería (PAL), Juan Enciso. La causa investiga el enriquecimiento privado, entre 2002 y 2008, de los miembros de la trama a merced de los contratos que adjudicó la sociedad mixta Elsur —participada en un 30% por el consistorio ejidense y en un 70% por Abengoa—. Al igual que otros casos, el Poniente sufre una importante demora en su instrucción debido a la falta de personal y medios en los juzgados.
Las imputaciones de Carlos Sánchez (2009) El exalcalde de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez (PSOE), ostenta ya cuatro imputaciones en su haber, un notorio registro para haber gobernado sólo entre 2003 y 2007. Los supuestos hechos incluyen pagos extrapresupuestarios e irregularidades en la contratación de un cerramiento para un parque; la adjudicación de un contrato de basuras a Cespa —implicada en otros casos de presunta corrupción— cuando el Ayuntamiento no tenía dinero; compraventa y urbanización de terrenos sin concurso público, y estafa en la demolición de la casa de una anciana. El exregidor ha sido condenado por el primero de ellos.
Caso Carratraca (2009) Óscar Román (IU) tuvo, en cierto modo, su cuarto de hora de fama mediática cuando se convirtió en el primer alcalde que se rebeló contra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Román dimitió en 2010 para no tener que ejecutar un centenar de sanciones a vecinos de Carratraca. Antes había sido imputado por un delito urbanístico tras segregar parcelas urbanas de manera ilegal. Por este motivo fue condenado a un año de cárcel en 2011.
Caso Valle de Abdalajís (2009) Tomás Gómez Arrabal, alcalde de Valle de Abdalajís por el PP, fue condenado en 2009 a tres años de prisión por cometer 12 delitos de prevaricación, 9 de ellos con carácter continuado, entre 2001 y 2004, al otorgar licencias urbanísticas de manera irregular. Los vecinos se movilizaron en defensa de su regidor y recogieron firmas para pedir un indulto que llegó en 2012, ya con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Caso Lubrín (2008) El exalcalde de Lubrín, Juan López Camacho (PSOE), presentó su dimisión como concejal y diputado provincial tras imputarle la Fiscalía de Medio Ambiente un delito de prevaricación urbanística. En 2005, durante su etapa como regidor, autorizó la construcción de una vivienda ilegal en terrenos rústicos de alta protección y falsificó un documento público para certificar que el chalé tenía licencia de primera ocupación y que pudiera contar con agua corriente. Fue condenado a 20 meses de prisión y el chalé fue derruido.
Caso Gádor (2010) El alcalde de Gádor y senador del PP por Almería, Eugenio Gonzálvez, declaró ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación urbanística. En el año 2000 concedió las obras de una nave por importe de casi 145.000 euros, sin que mediara concurso público alguno. La oposición resaltó que, &quot;para dar apariencia de legalidad&quot;, invitó a tres empresas que resultaron ser del mismo grupo y compartir su sede social. El Supremo archivó la causa. Fue reelegido alcalde con mayoría absoluta en 2011 y se volverá a presentar a las municipales del 25 de mayo.
Caso Huércal-Overa (2007) Luis García Collado, alcalde de Huércal-Overa (PSOE), y otros dos concejales de este Ayuntamiento fueron imputados por el juez acusados de prevaricación y tráfico de influencias en la redacción del PGOU municipal. El PP denunció una trama de recalificación de suelo rústico a urbanizable, para lo que presuntamente se compraban terrenos a empresas de amigos a cambio de comisiones millonarias. Además, sostenía que había beneficiado a otra empresa con la redacción del PGOU. La causa fue archivada hace seis meses.
Caso Sorbas (2008) El fiscal acusó al alcalde de Sorbas y portavoz del PP en la Diputación de Almería, José Fernández, de prevaricación urbanística por presuntamente autorizar en 2005 la construcción de ocho viviendas unifamiliares en terrenos rústicos. Según el juzgado, el regidor aceptó que la constructora subdividiera una parcela rústica en ocho partes tras argumentar que era suelo urbano y no rústico. La Fiscalía retiró la acusación en 2013 y Fernández fue absuelto.
Caso Adra (2007) Una presunta trama de venta de titulines (certificados para ser patrón de embarcaciones de recreo y deportivas) faslsificados a cambio de 300 euros es lo que investiga la Justicia en Adra. Los principales implicados son el exconcejal de Deportes y presidente del Club Náutico local, José Arqueros (PP), y un funcionario de la Junta de Andalucía. La estructura piramidal incluía a otras cinco personas que captaban clientes y falsificabar los certificados médicos.
Caso Monachil (2007) Dos exalcaldes de la localidad granadina de Monachil, Francisco Lara (PSOE) y su sucesor Antonio Trinidad (PP), fueron condenados junto a Benjamín Rodríguez, exedil de Urbanismo (PP) y el arquitecto municipal, por prevaricación urbanística en los mismos hechos. En 2003, Lara y Rodríguez se saltaron, con la ayuda de un arquitecto, el plan especial de una parcela en Sierra Nevada para poder construir pisos. Más tarde, en 2004, Trinidad concedió la licencia para que se levantaran 82 apartamentos turísticos. Fueron condenados a inhabilitación y al derribo del edificio en 2009.
Caso Quesada (2007) Un defecto de forma en la condena del alcalde de Quesada, Manuel Vallejo (PSOE), hizo que la Audiencia Provincial de Jaén acabara absolviéndole medio año después. Inicialmente, el juzgado imputó al regidor por prevaricación urbanística por permitir obras sin licencia en espacio protegido, pero no por el delito de omisión del deber de perseguir estos delitos, por el que finalmente fue condenado. La Audiencia jiennense determinó que existó indefensión del acusado al haber sido imputado por un delito y condenado por otro. Fue reelegido en 2011.
Caso Castillo de Locubín (2008) Los dos últimos alcaldes de Castillo de Locubín, Antonio Cano (PSOE) y su sucedos José Justo Álvarez (PP), fueron procesados junto al secretario del Ayuntamiento y técnicos municipales acusados de no haber evitado la proliferación de viviendas ilegales en la localidad. En 2010 también se les acusó de haber otorgado licencias de primera ocupación a esos chalés saltándose la normativa. La juez los absolvió a todos por considerar que no estaba probado que actuaran siendo conscientes de la ilegalidad de los hechos.
Caso Cavifer (2007) Los negocios de la empresa Cavifer SL llevaron a Francisco Javier Maldonado (PP), actual alcalde y que ya lo fue hasta 2007, y a Pedro Clavero (PSOE), regidor entre 2007 y 2011, a los juzgados. El litigio se centra en la venta de suelo y las licencias concedidas por Maldonado a Cavifer, la promotora de su hermano. En 2005, el Ayuntamiento autorizó a la empresa a construir 19 viviendas. Un proyecto que paralizó el primer edil socialista en 2008 al carecer de licencia, hecho que motivó una denuncia de la sociedad. Finalmente, la denuncia fue archivada. El TSJA avaló en 2014 la pralización de las obras efectuada por Clavero.
Casas de aperos en Gójar (2011) Pedro Clavero (PSOE) y Javier Maldonado (PP), los dos últimos alcaldes de Gójar, se vieron inmersos en un segundo caso, relacionado con la concesión de licencias para tres casas de aperos. En 2003, la Comisión de Urbanismo, con los votos de Maldonado, su concejal del ramo y otros tres ediles, entre ellos Clavero, entonces en la oposición, aprobó conceder las licencias a pesar de que contravenían el PGOU. Todos fueron absueltos ya que la sentencia atribuye los hechos a una &quot;cascada de errores&quot;.
Sueldo de última hora en Isla Mayor Manuel Aviñó Navarro (PSOE) aprovechó hasta el último momento como alcalde de Isla Mayor para disponer a su antojo del dinero de las arcas públicas. El día anterior a su cese como regidor, tras las elecciones de 2003, ordenó una transferencia de 5.700 euros a la Empresa Municipal del Suelo, de cuyo consejo de administración era presidente. Todo ello contra los informes del tesorero y el interventor y bajo la circunstancia de que el Ayuntamiento nos disponía de fondos, la empresa estaba embargada por la Agencia Tributaria y estaba en bancarrota. El destino del dinero no se justificó. Aviñó aceptó nueve meses de cárcel y tres años y medio de inhabilitación.
Agujero en las cuentas de Emsimsa (2015) Segunda de las causas acumuladas por el exalcalde de Isla Mayor, Manuel Aviñó Navarro (PSOE), tras su condena por el desvío de fondos municipales. La auditoría realizada por el equipo de Gobierno de IU en 2003 descubrió un agujero de dos millones de euros en la Empresa Municipal del Suelo (Emsimsa). Dicha cantidad se concedió como préstamo a una empresa fantasma que desapareció al poco tiempo. El Ayuntamiento se ha personado en la causa y ha denunciado al exalcalde y a todo el consejo de administración de Emsimsa en aquella época. Aviñó se ha defendido alegando &quot;errores&quot; en una promoción de 200 viviendas y que las empresas contratadas &quot;nos salieron «ranas»&quot;.
Caso Sayalonga (2009) El alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), fue condenado en 2009 a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística. Durante su mandato, en el año 2000, concedió una licencia para construir una vivienda en terreno no urbanizable, a pesar de contar con un informe técnico que advertía de esta circuntancia. En 2006, se acordó suspender la construcción y restablecer la legalidad, pero meses más tarde el regidor decretó el archivo de dicho expediente, pese a los reparos del secretario.
Enchufismo en Benaocaz (2007) El alcalde de Benaocaz, José Rafael Reyes (PSOE), fue condenado, mientras estaba aún en el cargo, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En concreto, se trata de la contratación de un edil que entonces estaba en el cargo como oficial de primera de albañilería del Ayuntamiento, entre los años 2000 y 2002, una irregularidad sobre la que la secretaria del consistorio había advertido a Reyes.
Viviendas ilegales en Benaocaz (2008) El Juzgado de Ubrique, a instancias de una denuncia del PP, imputó en 2012 a José Rafael Reyes y Elisa Sánchez Girón, exalcaldes de Benaocaz, un delito de prevaricación urbanística por conceder licencias de obra ilegales durante su mandato. Entre 2005 y 2006, el Ayuntamiento concedió nueve permisos a pesar de que algunos de ellos contaban con un informe negativo de la Diputación de Cádiz.
Caso Ojén (2007) En siete años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros consistió la condena para Francisco Manuel Vázquez, exalcalde de Ojén por el PSOE. Entre 1996 y 1998, el Ayuntamiento dirigido por Vázquez concedió dos licencias para construir viviendas en terrenos no urbanizables y que gozaban de protección ambiental. Unos hechos por los que fue condenado en 2002, aunque el proceso se anuló por un defecto de forma. Otros cuatro exconcejales también fueron condenados a pagar 2.700 euros cada uno.
Caso La Viñuela (2009) &quot;Proceder aberrante y totalmente incompatible con el ejercicio del poder en un Estado de Derecho&quot;. Así calificó el juez Francisco Ontiveros la forma de gobernar de Juan Millán, alcalde del PSOE en La Viñuela, al respecto de la concesión de dos licencias residenciales con una &quot;flagrante abritrariedad&quot; y prescindiendo de la normativa. Millán, que aseguró que no consultaba el ordenamiento urbano porque &quot;es originario de la zona y conoce el terreno&quot;, fue condenado a 15 años y medio de inhabilitación.
Caso Gaucín (2007) 200.000 euros de las arcas del Ayuntamiento de Gaucín acabaron en el bolsillo de su alcalde, Francisco Corbacho (PA), que aprovechó una ausencia del secretario-interventor municipal entre diciembre de 2002 y enero 2003 para cometer el delito. El regidor sacó el dinero de las cuentas bancarias municipales mediante cheques sin la firma del interventor, para guardarlo en su casa, alegando que iba a adquirir con él terrenos de interés municipal. Fue condenado a siete años de inhabilitación.
Los delitos de Leovigildo López (2008) Leovigildo López es un veterano político del PP que gobernó durante 28 años ininterrumpidos dos ayuntamientos, el de Canillas de Albaida (1979-1991) y el de Cómpeta (1991-2007). Desde su retirada de la política, en 2007, no ha hecho más que acumular condenas. Entre 2008 y 2013 fue condenado a inhabilitación cuatro veces por la misma causa: conceder licencias de obras en suelo no urbanizable. En 2014, sin embargo, la pena fue de dos años de cárcel. El motivo fue que López se construyó un almacén sin licencia dentro de las ruinas de otro anterior, dentro del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
Licencias ilegales en Canillas de Aceituno (2008) El exalcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), fue condenado en 2010 a nueve años de inhabilitación para cargo público por la concesión de una licencia para construir una vivienda en suelo no urbanizable. Más tarde, a finales de 2013, fue imputado de nuevo por hechos similares.
Licencias ilegales en Benalmádena (2008) El exalcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, del Grupo Independiente de Benalmádena (GIB), fue condenado a ocho años de inhabilitación por cometer un delito urbanístico en la concesión de una licencia ilegal. El regidor cambió los usos del suelo para que éste contar con una mayor densidad. La sentencia recoge que &quot;omitió los trámites&quot; que marca la normativa y &quot;aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos&quot;.
Excención de impuestos (2007) El exalcalde independiente de Benalmádena, Enrique Bolín, también se vio implicado en un caso de excención de impuestos a un edil del Ayuntamiento. En 2004, el regidor anuló al entonces teniente de alcalde y hoy concejal, José Nieto, la liquidación del impuesto de plusvalía de unos terrenos. En total, 1.709 euros. La anulación, que se aprobó &quot;por resolución expresa del alcalde&quot;, contó con el reparo del interventor. Bolín fue absuelto del caso en 2012.
Prisión revocada para Bolín (2013) Enrique Bolín, que ya había sido imputado dos veces y condenado una por su gestión al frente del Ayuntamiento de Benalmádena, fue condenado en diciembre de 2013 a año y medio de prisión por conceder una licencia de obras para una vivienda que contravenía la normativa para esa parcela. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Málaga revocó la pena de cárcel y añadió una multa a los diez años de inhabilitación.
Caso Aljaraque (2008) La denuncia de un empresario y antiguo militante del PP sentó en el banquillo de los acusados al exalcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta (PP), y a su concejal de Urbanismo, Casto Pino. La denuncia los acusaba del presunto cobro de comisiones ilegales a empresas urbanísticas co n las que el Ayuntamiento firmó convenios entre 2003 y 2007, cuando el municipio experimentó un auge urbanístico. La Fiscalía solicita penas de 5,5 y 8,5 años de prisión, respectivamente.
Caso Hiconsa (2009) En 2009, el entonces alcalde de Cartaya, Juan José Millán (PSOE), fue imputado en el Caso Hiconsa. La Justicia investigaba por qué el Consistorio recibió, en concepto de 10% de aprovechamiento lucrativo de terreno, 3 millones de euros menos de lo que debería haber recibido en un convenio con Hiconsa. El caso fue archivado en 2011 por falta de pruebas.
Caso Cambil (2007) El alcalde de Cambil, Agustín Cubillo (PSOE), fue condenado en 2010 a un año y tres meses de cárcel y a siete de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística, al haber concedido dos licencias de obra para viviendas en suelo urbanizable.
Garrcuha (2014) El Alcalde de Garrucha (Almería), Juan Francisco Fernández (PP), ha sido imputado por malversación y prevaricación al haber supuestamente destinado a gastos corrientes 1,3 millones de euros asignados a la ejecución de dos proyectos urbanísticos, llegando incluso a utilizar el dinero consignado como garantía por los propietarios. También ha sido imputado el anterior interventor del Consistorio, José Francisco Hernández Rueda, por la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación, usurpación de funciones públicas e intrusismo profesional.
Delitos urbanísticos en Porcuna (2008) La exalcaldesa de Porcuna, Ana María Moreno de la Cova (PSOE), admitió en 2011 que concedió licencias de obra ilegales durante su mandato, a pesar de que el arquitecto municipal firmó informes negativos al respecto. Fue condenada a 21 años e inhabilitación. También fueron condenados a 14 años de la misma pena tres concejales de su equipo de Gobierno. Un año antes había sido condenado a inhabilitación su predecesor en el cargo, Luis Carlos Funes (PSOE), por pagar 15.000 euros de más a una empresa para que elaborara un proyecto técnico sobre urbanismo.
Caso Bornos (2002) Una de las primeras condenas por corrupción de este siglo. El exalcalde de Bornos, Juan Sevillano Jiménez (PSOE), fue condenado por el Tribunal Supremo a seis años de inhabilitación por prevaricación administrativa relacionada con el urbanismo. Bornos compró unas parcelas de terreno rústico que una comisión técnica de asesoramiento municipal propuso que se convirtiera en urbana. El regidor las revendió con la promesa que se podría edificar en ellas, pero el cambio a suelo urbano fue rechazado. Sevillano concedió entonces licencias de obra ilegales para evitar una denuncia por estafa. El PSOE lo restituyó como candidato en las elecciones municipales de 2011, tras las que volvió a gobernar.
Caso Armilla (2006) Tras varias acusaciones de enriquecimiento ilícito, el concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavete, dimitió de su cargo en octubre de 2006, aunque alegó que su patrimonio provenía de haber ganado varias veces la lotería. También se investigan presuntas irregularidades en una licencia para construir un centro comercial que concedió a un constructor imputado en el caso Malaya. A causa de esto fue denunciado por prevaricación.
Caso Zafarraya (2007) El alcalde de Zafarraya, José Miguel Muñoz (PSOE), fue condenado en 2011 a nueve años de prisión por desobediencia a la autoridad. El regidor no paralizó la construcción de un hotel de tres plantas en terrenos rústicos protegidos, para lo cual fue preciso la tala de 200 encinas.
Caso Burguillos (2009) El alcalde de la localidad, Juan José López, fue condenado por la concesión de una licencia urbanística irregular a pagar una multa de 4500 euros y 8 años de inhabilitación. También se mantienen abiertas otras tres causas contra este edil, entre ellas por blanqueo de dinero.
Caso Loja (2011) El PP denunció al exalcalde de Loja, Miguel Castellano (PSOE), por un supuesto uso ilícito de sus cargos de alcalde y presidente del Patronato San Ramón y San Fernando. Los populares acusaban a Castellano de valerse del patronato benéfico para vender los terrenos destinados a un polígono industrial y de tramitar expedientes para recalificarlos y venderlos a un precio inferior al del mercado y sin declarar el IVA. Aunque el juez apreció indicios de delito, la causa fue archivada por falta de evidencias en febrero de 2013.
Caso Uniformes (2003) El pasado mes de febrero, la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, y su socio de gobierno, Lorenzo Sánchez, fueron llamados a sentarse en el banquillo por haber adjudicado a dedo concesiones por 800.000 euros a empresas del entorno de estos dirigentes. El proceso también implica a otros 21 cargos políticos, entre ellos el alcalde de Chipiona y el actual vicepresidente de la Diputación de Cádiz, ambos del PP.
Caso Ogíjares (2010) El expdiputado José Luis del Ojo es condenado a 7 años de inhabilitación por haber prevaricado en la adjudicación, mientras era concejal de Urbanismo, de varias obras municipales.
Caso Almuñécar (2007) El año y medio de investigación sobre una trama corrupta en la que estaba implicado el alcalde de la localidad, Juan Carlos Benavides, se saldó con acusaciones de malversación de dinero público, negociaciones prohibidas a funcionarios y blanqueo de capitales. Durante el juicio desaparecieron unos papeles de vital importancia para el procedimiento, que facilitaron que Benavides y sus compañeros de banquillo fueran absueltos.
Caso Íllora (2013) El alcalde de Íllora, Francisco Domene (PSOE), fue imputado cuando aún estaba en el cargo, en noviembre de 2013, por un delito de prevaricación. El regidor adjudicó en 2008 la radio municipal y la edición de un periódico local a una empresa privada sin que hubiera contrato público u oferta concreta. Fue condenado a ocho años de inhabilitación el pasado julio.
Níjar (2007) La contabilidad B de la constructora Hispano Almería reveló supuestos sobornos que suman, al menos, 8,5 millones destinados a políticos y técnicos de la Diputación de Almería y los municipios de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vícar y La Mojonera, además del Partido Popular. En Níjar, se cometieron supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obra que el Ayuntamiento realizó durante los últimos años a la empresa constructora Hispano Almería y a su filial Alcosan por un montante de más de cinco millones de euros en adjudicaciones. Al menos tres de los expedientes de obras adjudicadas a Hispano Almería no figuran en las actas de la Mesa de Contratación con la propuesta de adjudicación, ni el informe técnico de valoración de las obras ejecutadas por dicha empresa. Son los que se refieren a las obras en el Bulevar del Camino de Vera, a la urbanización del tramo de carretera Iryda – intersección Avenida Príncipe de Asturias y a las de reurbanización y rehabilitación de la Avenida de la Constitución en San Isidro. absolutamente irregular”.
Caso Alhendín (2007) El alcalde de la localidad, José Guerrero, dimitió tras ser imputado en una trama de corrupción urbanística en el municipio, en el que también fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el exedil de Urbanismo. Sobre ambos pesaban cargos de prevaricación y cohecho, ya que presuntamente habría recibido un piso a cambio de favorecer un proyecto urbanístico de construcción de más de mil viviendas irregulares.
Caso Ohanes (2009) El exalcalde del municipio, Juan Francisco Sierra, fue imputado por coacciones y cohecho continuado contra un promotor inmobiliario. El promotor afectado por estas prácticas denunció al edil aportando numerosas pruebas materiales, entre ellas un vídeo la grabación de una reunión mantenida con Sierra en mayo de 2005 en la que éste le pedía dinero a cambio de concederle una licencia.
Caso Almogía (2009) El primer edil del municipio, Cristóbal Torreblanca, fue detenido y posteriormente dejado en libertad con cargos en el marco de una investigación por la edificación de inmuebles en terreno no urbanizable. Él y otros tres imputados fueron acusados de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.
Utrera (2014) El Juzgado mixto número dos de Utrera ha imputado al concejal de Hacienda del Ayuntamiento utrerano, Francisco Serrano (PA), con relación al procedimiento emprendido por el Consistorio, gobernado por Francisco Jiménez (PA), para reclamarle el reintegro de mil euros entregados para los gastos del II Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana, cuando Serrano estaba al frente del área de Medio Ambiente. El juzgado ha detectado la existencia de una presunta infracción penal, ya que el expediente de reintegro promovido por el Ayuntamiento de Utrera expone que, aunque Serrano solicitó los citados gastos para dicho congreso, la factura presentada para justificarlo aludía al concepto &quot;Suministro Elementos Decorativos en Espacios Municipales y Zonas Huertos Ecológicos&quot;, algo que no guarda relación alguna con la finalidad para la cual se solicitó el pago.
Caso Roseworld (2008) El exalcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez (PP), que antes fue miembro del GIL, fue condenado en 2011 dentro del Caso Roseworld. El Ayuntamiento linense, con Juárez a la cabeza, vendió unas parcelas municipales de manera arbitraria, según el instrucción, a la empresa Roseworld, que realizó una oferta dos millones de euros inferior a la de la otra sociedad concurrente. El concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz, también implicado, recibió los otros dos millones de otra empresa relacionada con Roseworld. Ambos fueron condenados por la Audiencia Provincial e inhabilitados por siete años, pero el Tribunal Supremo los absolvió merced al recurso de los encausados.
Caso Canillas de Albaida (2010) El alcalde de la localidad, Antonio Gregorio Díaz, fue condenado a siete años de inhabilitación por haber concedido en 2004 una licencia para construir una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable. El regidor aseguró que no dimitiría.
Caso Salares (2009) Jorge Luis Fernández, alcalde del municipio, fue condenado a un año de prisión y ocho de inhabilitación por delito urbanístico. El primer edil permitió la edificación de un inmueble sin licencia y en terreno no urbanizable.
Caso Arenas (2009) La Justicia condenó al exalcalde de Arenas, Victoriano García Cuadras (IU), y al exedil de Urbanismo, José Antonio Alcoba (PP), a ocho años de inhabilitación y una multa de 3.650 euros cada uno. El delito que cometieron fue el de prevaricar al autorizar la construcción de 27 viviendas en terrenos no urbanizable, sin que se tramitara expediente administrativo alguno.
Caso Alozaina (2010) El exalcalde Antonio Blanco aceptó una pena de veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos cometidos en la localidad. El edil había concedido sendas licencias para obras en suelo rústico en los años 2002 y 2003. Blanco renunció entonces a su acta de concejal.
Enchufes en Manilva (2011) Una denuncia del comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva, presidido por Antonia Muñoz (IU), puso a la Justicia sobre la pista de la contratación en el Consistorio de los 17 miembros de la lista de Izquierda Unida y de 57 familiares directos políticos de éstos. El número de casos de enchufismo llegó a 470. Además, se investigaba la adjudicación de contratos a familiares la alcaldesa. Muñoz dimitió en octubre de 2009, asediada por los numerosos y cada vez más graves cargos que se le imputan.
Caso La Parrala (2006) La investigación del Caso Ballena en Marbella llevó hasta un pelotazo urbanístico efectuado a medias entre el finlandés Aki Kujala, imputado en la causa contra el blanqueo, y el exalcalde de Manilva, Pedro Tirado, del Partido Democrático Independiente y procedente del GIL. Kujala compró una parcela de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo rústico por 9,6 millones de euros que, gracias a la modificación del PGOU por parte de Tirado, pasaron a valer 101,6 millones un año más tarde. El cuñado del alcalde recibió de Kujala 5,3 millones por intermediar. La Audiencia de Málaga sólo impuso 12.000 euros de multa a Tirado.
Caso Dietas (2014) José Ropero Pedrosa, alcalde de la localidad de Benamejí, y su concejal de Urbanismo, Francisco Hoyos, están imputados por malversación de dinero público. Según una comisión municipal, Ropero se embolsó en los últimos años más de 40.000 euros de manera irregular. A pesar de haberse comprometido a devolverlo, se marchó sin hacerlo.
Caso Puente Genil (2015) La UDEF relaciona a Manuel Baena, concejal y parlamentario en esta legislatura y en las listas de IU para el 22-M, con la investigación de la Operación Edu Centro por irregularidades detectadas en un curso de formación para parados impartido por la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil SL. Por este concepto, la empresa recibió 49.290 euros de la Junta de Andalucía. En aquel momento, Manuel Baena aún era el alcalde de la localidad cordobesa y, por tanto, presidente de dicha sociedad.
Caso Cátedra (2010) Pocos meses después de que Villanueva de la Concepción se segregara de Antequera, su alcalde, el independiente Ernesto Silva, fue detenido en el marco del Caso Cátedra. Un abogado y un profesor de la Universidad de Málaga, presuntamente, ofrecieron a un promotor legalizar su casa a cambio de 50.000 euros. Para ello, el profesor ofreció a Silva, alumno suyo en Derecho, el aprobado general en las asignaturas que le restaban.
Operación Rocket (2014) Esta investigación trata de esclarecer la comisión de supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense, sobre todo, relativas a los fondos Miner en la etapa de 2007 a 2011, por un montante de 12,5 millones de euros. Están imputados la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE) y dos empresarios como ideadores de la presunta trama, así como otras seis personas que cooperaban en la obtención irregular de las ayudas.
Construcciones ilegales en Estepona (2009) Tras destaparse el Caso Astapa y dimitir Antonio Barrientos (PSOE) del cargo de alcalde, su puesto lo ocupó David Valadez (PSOE), que apenas tardó un año en ser imputado. La denuncia de un concejal independiente contra el jefe de Gabinete, Luciano Sánchez, por haber construido una vivienda en suelo no urbanizable llevó a que el alcalde fuera acusado por la Justicia de un presunto delito de prevaricación urbanística y de omisión del deber de perseguir delitos.
Caso ERE (2011) Uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España, junto con el Gürtel, y que muestra los vicios adquiridos por el PSOE tras treinta años de Gobierno. Destapado por la juez Mercedes Alaya a raíz de una de las partes del Caso Mercasevilla, la causa acumula ya 270 imputados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros muchos altos cargos de la Junta y el PSOE, y más de 140.000 folios. La magistrada investiga las ayudas para prejubilaciones entre 2001 y 2011, de las que se beneficiaron miles de trabajadores de manera legal, pero también intrusos (196, según la Junta). Los fondos, dotados con 855 millones de euros, se tramitaron a través de CC OO y UGT y empresas consultoras y aseguradoras, que también están siendo investigadas, así como los responsables de empresas e instituciones beneficiarias y de las consejerías implicadas en todo el procedimiento.
Caso Invercaria (2012) Otro caso de ayudas irregulares en la Junta de Andalucía. Fue destapado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en 2012, cuando detectó incumplimiento de las normativas sobre contrataciones y subvenciones, la concesión discrecional de préstamos, pagos irregulares a su personal directivo y el uso injustificado de una tarjeta de crédito por parte su presidente, entre otras irregularidades. El Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla investiga las inversiones de la empresa pública de capital riesgo —62 millones desde 2005— en decenas de empresas, algunas inexistentes y otras a las que no se les ha exigido justificación de pagos o informes previos. En la causa también se investigan la falisificación de informes de empresas y la presencia del sobrino de Felipe González en Invercaria como trabajador fantasma.
Caso Edu de ayudas a la formación (2014) Un nuevo pufo detectado en el Servicio Andaluz de Empleo, más en concreto en los cursos de Formación Profesional Ocupacional subvencionados por la Junta. Se investigan los cursos subvencionados entre 2007 y 2013, con una partida total de 2.000 millones de euros. Las ayudas comprendían un compromiso de contratación de los alumnos por parte de la empresa, al menos un contrato de 6 meses, pero en la mayoría de los casos los contratos no se efectuaron. En otros casos se adjudicaron subvenciones a empresas que no cumplían los requisitos o que introducían, con el mismo modus operandi del caso de los ERE, alumnos falsos en sus cursos. A través de esta trama presuntamente se beneficiaron a altos cargos del PSOE, como el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, a cuyas empresas y fundaciones se destinaron subvenciones por importe de 50 millones de euros. Se cree que habría fundaciones y consorcios creados únicamente con el objetivo de cobrar las subvenciones autonómicas, estatales y europeas de cara a la formación de parados. La Justicia ya ha ordenado tres operaciones policiales de registro de oficinas y detención de cientos de personas en seis provincias, y aún están pendientes las de Huelva y Sevilla.
Caso de las empresas públicas (2013) En noviembre de 2013, el juez del caso Invercaria inició una investigación por financiación irregular de nueve empresas públicas de la Junta de Andalucía. En concreto, la Agencia IDEA; la empresa pública de Gestión de Programas Culturales, Desarrollo Agrario y Pesquero; Extenda; Egmasa; la Empresa del Deporte de Andalucía; Giasa; RTVA y Turismo Andaluz. Los anteriores abogados del PP en el caso Invercaria, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, fueron los que alertaron al juez de los indicios por el uso presuntamente ilegal de las transferencias de financiación de los ERE también en estas nueve empresas. Formalmente, se trata de nueve casos distintos.
Ayudas para la contratación de discapacitados (2011) Poco después de destaparse el caso de los ERE fraudulentos surgió otra causa relacionada con el desvío de fondos de la Junta de Andalucía. En este caso, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió una investigación por posible fraude en las ayudas a empresas para contratar a discapacitados, caso de MKF Contact Center. El Juzgado de Instrucción 1 de Granada inició una investigación y remitió las actuaciones a juzgados de Jaén, Málaga y Sevilla por observar indicios de delitos. Los propios empleados de la empresa fueron los denunciantes del caso.
Viajes y charangas de CCOO (2012) En noviembre de 2012, el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, que también instruye el Caso Invercaria, comenzó a investigar el presunto desvío de parte de dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros concedidas al sindicato CCOO para salud laboral. El dinero se destinó contratar una charanga con la que animar actos del sindicato o al pago de gastos de desplazamiento y dietas de una dirigente sindical de Málaga. El juez Juan Gutiérrez Casillas mantiene imputados por este caso a la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Esther Azorit, y el secretario de Organización y Finanzas de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Soto, por malversación, prevaricación y un delito continuado de falsedad en documento oficial.
Facturas falsas de UGT (2013) La organización Manos Limpias denunció en agosto de 2013 ante el juzgado de guardia de Sevilla el desvío sistemático de subvenciones de la Junta para cursos de formación por parte del sindicato UGT. En los días siguientes amplió el objeto de su denuncia para incluir datos sobre las facturas supuestamente falseadas sobre pancartas para la huelga general del 29 de septiembre de 2010, la contratación eventual de menores de edad, el cargo de comidas a la Junta de Andalucía —entre ellas una comilona en la Feria de Abril de Sevilla—, el pago de una asamblea con CCOO con dinero de ayudas a mujeres discriminadas o el endoso a fondos públicos del pago de las indemnizaciones de un ERE que afectó a 157 trabajadores del sindicato. En septiembre se sumó a la denuncia el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD), personado junto a Manos Limpias en la causa. En todos estos casos, la Junta de Andalucía, fue la que concedió las ayudas y la que dio por buenas algunas justificaciones sin sentido como las de las comilonas en la Feria con cargo a fondos de la concertación social. Esta investigación es la que dio lugar a la operación Cirene de la Guardia Civil que se saldó con la detención, entre otros, del ex tesorero de UGT de Andalucía durante 15 años, Federico Fresneda.
Avales de la Agencia IDEA (2014) La juez Mercedes Alaya abrió una nueva línea de investigación por la concesión de avales de la Agencia IDEA a empresas elegidas de manera discrecional y, además, sin respetar los pasos que marca la ley en cuanto a la aprobación por el consejo rector de la Agencia o incluso su ratificación por el Consejo de Gobierno atendiendo a la cuantía de la ayuda. La magistrada indaga también el papel del Banco Europeo de Finanzas (BEF), entidad que la Agencia IDEA interpuso en la concesión de avales para poder sobrepasar los límites de gasto que le marcaba el presupuesto. En la causa están imputados tres ex altos cargos de la Junta, entre ellos el exconsejero de Innovación y ex secretario general del PSOE de Almería, Martín Soler.
Caso UTEDLT (2015) La Fiscalía Superior de Andalucía investiga actualmente el destino de 57 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía a sus consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT). El dinero se ha destinado a pagar nóminas de trabajadores pero, según pone de manifiesto una auditoría de la Cámara de Cuentas, existen dudas sobre que esos trabajadores hayan tenido actividad. Además, se la Fiscalía denuncia el posible desvío de ayudas de la Junta a las UTEDLT por importe de casi 5,9 millones. El dinero debería haberse gastado en indemnizar a los trabajadores como consecuencia de la liquidación de estos entes dependientes de la Consejería de Empleo, pero las unidades no han justificado el gasto de los fondos.
Caso Matsa (2010) A principios de 2010, el PP interpuso una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el ya expresidente de la Junta, Manuel Chaves. El objeto de la denuncia fue la ayuda de una subvención de 10 millones de euros que la Agencia IDEA concedió en 2009 a la empresa Matsa, donde trabajaba como apoderada Paula, la hija del expresidente. A pesar de la relación evidente entre la empresa y la administración, Chaves no se inhibió en la concesión de la ayuda. La primera denuncia, en la que el PP pedía que la Junta expedientara al expresidente, fue tumbada por el TSJA y el Supremo. La oposición contratacó por la vía del contencioso-administrativo, que sí prosperó ante el TSJA pero que acabó archivando el Supremo tras aceptar un recurso de casación de la administración andaluza.
Caso Iván Chaves (2012) En 2012, informaciones periodísticas destaparon las supuestas reuniones que Iván Chaves, hijo del expresidente de la Junta de Andalucía, mantuvo en 2007 con dirigentes de Cajasur, Caja Granada, Cajasol y con representantes de varias consejerías del Gobierno autónomo. Chaves hijo acudió a dichos encuentros en compañía de José Antonio Mallou, empresario que dirige el grupo Publicaciones del Sur, con más de 60 cabeceras en Andalucía. La relación entre ambos se da porque Chaves trabajaba en DAL Auditores, la compañía que auditaba las cuentas de Publicaciones del Sur. Otras informaciones relacionan al hijo del expresidente de la Junta con una empresa del Caso Poniente de Almería (ver en el mapa) vinculada principalmente al sector agrícola y que ha recibido cuantiosas subvenciones y ayudas de la Junta de Andalucía. Además habría estado relacionado con una empresa que construye un centro comercial en la capital almeriense.
Casos con cargos del PSOE
Casos con cargos del PP
Casos con cargos de IU
Casos con cargos de otros partidos (PA, PSA, GIL, PAL, independientes)
Casos con cargos de varios partidos